A principios de este mes el INEGI publicó su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad donde un dato nos mostró el lado sui generis que tiene México cuando se trata de ver que el tamaño sí importa, colocando a Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas como los de menor incidencia delictiva en todo el país.
De Oaxaca podríamos entenderlo, toda vez que lo que pasa ahí es un total estado de inmovilidad repartido entre un gobierno que no hace nada y un gremio magisterial que paraliza la entidad; mientras en Chiapas el mayor riesgo que se prevé es que el compromiso de Anahí con el gobernador no llegue a buen puerto.
Sin embargo, el caso de Tamaulipas es sin duda una sorpresa cuando por años ha sido uno de los focos rojos donde el crimen organizado ha hecho su agosto con delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, entre otros.
Por supuesto que lo que hay que leer en dicho reporte del INEGI es que sus resultados no son precisamente un escenario de la realidad, sino de la estadística oficial que refleja no un bajo índice delictivo, sino un raquítico volumen de denuncias por parte de las víctimas que se traduce en una falta de confianza por parte de la ciudadanía hacia los encargados de la procuración de la seguridad y la justicia, además de un temor hacia las represalias tras señalar criminales.
Esto último se evidencia con la desaparición en la ciudad fronteriza de Reynosa de la doctora María del Rosario Fuentes Rubio, reportada ayer por la cuenta de Facebook “Valor por Tamaulipas”, un espacio dedicado a difundir actos delictivos pero más que nada, situaciones de riesgo como bloqueos o balaceras con el fin de que la población tenga la oportunidad de salvaguardarse.
La doctora María del Rosario Fuentes Rubio habría sido una de las administradoras del sitio y hasta el momento la procuraduría del estado solo tiene registro de una denuncia por su desaparición, aunque ‘Valor por Tamaulipas’ señala que la médico habría sido asesinada basándose en el hecho de que, desde la cuenta de Twitter que ella manejaba de manera personal, se publicaron varios mensajes pidiendo disculpas por su actividad de denuncia, acompañada de unas imágenes que la mostrarían ya sin vida. Por ese contenido (que hace suponer que la cuenta fue utilizada por sus captores y verdugos) la cuenta fue deshabilitada.
No es la primera vez que en Tamaulipas la denuncia se convierte en una actividad que pone en riesgo la vida. De hecho, a principios del año pasado circuló un volante donde se ofrecía una ‘recompensa’ de 600 mil pesos a quien diera santo y seña del administrador y creador del sitio ‘Valor por Tamaulipas’ con el objetivo tajante de “callarle el hocico”.
Hay que señalar algo importante que agrava más este desafortunado hecho: “Valor por Tamaulipas”, al igual que sus similares en otros estados que surgieron como ejemplo del primero, no es un espacio que revelé quiénes pueden ser los líderes de los cárteles, o algún nexo entre autoridades y el crimen organizado. No son WikiLeaks o Anonymous destapando cloacas que evidencien cosas que nadie ve. Todo lo contrario, señalan cosas que están a la vista de todos a manera de alerta y por insólito que parezca, eso es lo que molesta a quienes se dedican a sembrar el terror, pues para cumplir con su objetivo necesitan del factor sorpresa y sobre todo, que tengan público.
En la época de los narcobloqueos en Nuevo León que tuvieron a la ciudad de Monterrey en vilo, el gobierno encontró una fórmula efectiva que desarticuló ese modus operadi, pues al no poder prever dónde aparecería un tráiler secuestrado, dispuso de todo un equipo de grúas que antes que nada movía el vehículo y reanudaba la circulación, por lo que no se producía el caos y la incertidumbre de la gente.
Es por eso que la denuncia en tiempo real se ha convertido en un enemigo del crimen organizado y un elemento que deja mal paradas a las autoridades que con todos los recursos del Estado no pueden reaccionar a una mayor velocidad (y en muchas ocasiones no lo hacen por así decidirlo en colusión).
Fue precisamente en Tamaulipas cuando una masacre en San Fernando sacudió al país y al mundo, pero fue hasta que ya era un hecho reportado por las autoridades porque a diferencia de lo que sucedió en Iguala, las redes sociales no habían tomado la relevancia que tienen ahora como herramienta de denuncia y ahora tienen entre la espada y pared al mismísimo gobierno federal.
Lo que muestra todo esto es una falta de empatía de las autoridades con el sufrimiento y dolor que causan hechos como el María del Rosario Fuentes Rubio o los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, preocupados más por la percepción que puedan generar los actos de violencia en la imagen del país que por lo que nos pega como sociedad en plena descomposición e indefensión.
Y para muestra basta un botón, ahí está el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, diciendo que en ese estado ya solo se reportan incidentes de robo de “Frutsis y Pingüinos en los Oxxo”, cuando si hay un lugar donde la práctica de la libertad de expresión y el trabajo periodístico ha estado en riesgo es justamente ahí.
Créditos: Fotografía tomada de Facebook / Texto: Corte de Caja
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